El Congreso convalida la Ley Riders: ¿Y ahora qué?
El Congreso de los Diputados ha convalidado hoy la llamada “Ley Riders”.
Esta Ley impone, básicamente, dos cosas: la presunción de laboralidad de los repartidores de empresas de delivery; y la obligación de todas las empresas (sean plataformas o no) de compartir con los comités de empresa los algoritmos que “afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles“ (analicé el contenido de la Ley en otro post).
El Congreso ha aprobado, también, la tramitación de la Ley como proyecto de ley (luego explicaré qué significa esto).
En este post analizaré tres cosas: 1) lo aprobado hoy en el Congreso; 2) los términos del debate y el contexto que aporta para la aplicación de la Ley; 3) lo que podemos esperar que ocurra a partir de la entrada en vigor de la Ley en agosto.
- ¿Qué se ha aprobado exactamente hoy en el Congreso?
Por 195 votos contra 151, el Congreso de los Diputados ha convalidado hoy el Real Decreto Ley 9/2021 comúnmente conocido como “Ley Riders”. Han votado a favor el PSOE, Podemos, ERC, PNV y Bildu. En contra han votado PP, Vox y Ciudadanos.
El Congreso también ha aprobado que el RDL 9/2021 se tramite como proyecto de ley por una abrumadora mayoría: 321 votos a favor y 26 votos en contra. ¿Esto qué significa? Significa, en resumen, que los distintos partidos en el Congreso podrán introducir enmiendas al texto aprobado hoy.
¿Significa esto que la Ley Riders no entrará en vigor? En absoluto. La Ley Riders entrará en vigor el 12 de agosto tal y como estaba previsto. La tramitación como proyecto de ley es una iniciativa paralela y distinta al RDL convalidado hoy. Es decir, si el Congreso culminase la tramitación de este proyecto de ley y lo aprobase con un texto distinto, este nuevo texto derogaría (sustituiría) a la Ley Riders actual. Pero, mientras el Congreso no apruebe un proyecto de ley alternativo, la Ley Riders estará plenamente vigente.
Es importante resaltar que el ritmo de la tramitación de un proyecto de ley como el aprobado hoy por el Congreso lo marca el Gobierno. Es muy común que los trámites se alarguen sistemáticamente. Esto es una manera de “matar” el proyecto por la vía de los hechos puesto que, si para el final de la legislatura no se han completado los trámites para su votación, el proyecto decae (no salta a la siguiente legislatura).
Es muy improbable que el Gobierno permita que el Congreso apruebe una ley que derogue otra ley aprobada por el propio Gobierno (como es el caso de la Ley Rider). Por ello, lo más seguro es que se iniciará el proceso para enmendar la Ley, pero que el Gobierno no permitirá que se complete y la Ley Riders se aplicará tal y como existe hoy por hoy.
Otro punto relevante es que VOX ha anunciado hoy que recurrirá el RDL ante el Tribunal Constitucional (TC) por no cumplir con los requisitos exigidos para aprobar un Real Decreto Ley, es decir, que sea de extraordinaria y urgente necesidad. Recordemos que el TC tumbó hace unas semanas dos RDLs precisamente por no cumplir con este requisito (el RDL anulado más sonado fue el que nombró al entonces Vicepresidente Pablo Iglesias miembro de la Comisión que regula el Centro Nacional de Inteligencia -CNI-).
Es posible que, presentado dicho recurso, el TC anule la Ley Riders. En dicho caso, la Ley desaparecería y el problema jurídico sería gestionar sus efectos mientras estuvo vigente. Es previsible que el trámite entre que VOX presente su recurso y el TC sentencie dure, por lo menos, un año.
- ¿Cómo ha sido el debate en el Congreso?
El debate ha sido sorprendentemente bronco en su primera parte. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reaccionado airadamente a las críticas del diputado de VOX.
Es relevante señalarlo porque los argumentos usados por la ministra Díaz para defenderse han demostrado cuál es su motivación y su forma de entender el mundo. De hecho, algunas de sus intervenciones en la tribuna han parecido más las de una representante sindical que las de una ministra de Trabajo. Básicamente, ha defendido que quién ataca su Ley de Riders está a favor de la (máxima) explotación laboral y que los algoritmos de las empresas son instrumentos para explotar a los trabajadores. Ha hecho referencias a la esclavitud de los riders, a Espártaco y a la competencia desleal que generan los algoritmos.
Las críticas a la Ley de Riders (tanto de VOX, como del PP y de Ciudadanos) se han centrado en tres ideas.
Primero, esta normativa no hubiese debido aprobarse como RDL. Es demasiado importante como para hurtar al Congreso su derecho a debatirla. Más aún, el hecho de que entre en vigor tres meses después de aprobarse demuestra que no es urgente. La representante de Ciudadanos ha recordado que este es el RDL número 91 que aprueba Pedro Sánchez desde que llegó a la presidencia del Gobierno; van a un ritmo de 2,5 RDLs al mes. Además, la Ley Riders se ha aprobado sin una memoria de impacto económico.
Segundo, la Ley Riders se ha aprobado sin tener en cuenta a los directamente afectados. El acuerdo del Gobierno con los sindicatos y las patronales se hizo a espaldas de las empresas de delivery y de los riders. El PP ha asegurado haber recibido a todas las empresas y representantes de los riders a los que el Gobierno se negó a recibir. Curiosamente, la sesión se ha celebrado mientras más de un centenar de riders se manifestaban en contra de la Ley delante del Congreso. Tanto Podemos como ERC han desacreditado la lucha de estos manifestantes diciendo que estaban financiados por las empresas.
Y tercero, los riders y, en general, las plataformas digitales necesitan una normativa que vaya mucho más allá de lo aprobado. El PP ha propuesto una regulación de las plataformas digitales, mientras que VOX ha hablado de un Estatuto Especial del Rider que se adapte a sus características. La Ley va a suponer, en la práctica, un muro para el ejercicio del derecho al trabajo de los Riders.
- ¿Y ahora qué?
Si algo ha faltado en el debate en el Congreso hoy es una discusión más profunda sobre la obligación de compartir los algoritmos que se aplica a todas las empresas y no sólo a las plataformas digitales. La situación laboral de los riders ha ocultado este debate cuando, objetivamente, es tan o incluso más relevante que el primero.
La ministra Díaz, sin embargo, sí que ha subrayado la importancia de esta obligación durante su exposición inicial. Ha insistido en que alcanza a todas las empresas. Y ha usado expresiones llamativas como que los algoritmos deben estar al servicio de los trabajadores y no deben tener el monopolio de la ética. Ha asimilado, incluso, los algoritmos a los jefes que gritan y ha denunciado sus prejuicios y estereotipos.
En todo caso, esta obligación estará vigente y todas las empresas deberán cumplir con ella a partir del 12 de agosto. Es previsible que las empresas exijan un compromiso de confidencialidad a los representantes de los trabajadores con los que se compartan los algoritmos; otra cosa será que se cumpla.
Pero, en lo relativo a los riders, una cuestión es evidente: las plataformas digitales, salvo excepciones, no los van a contratar directamente. La Ley nace seriamente tocada porque no va a alcanzar su objetivo principal. Las plataformas ya están considerando alternativas como, por ejemplo, la subcontratación de empresas de mensajería, de Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) o de cooperativas de riders. Llamativamente, la ministra ha reaccionado a este argumento atacando directamente al artículo periodístico que lo analiza (matar al mensajero sigue siendo un reflejo de los gobernantes más de 2.000 años después). ERC, por su parte, ha pedido que el Gobierno reforme el Estatuto de los Trabajadores para dificultar que se subcontrate a las ETTs (también ha pedido que se regule a todas las plataformas y no sólo a las de Delivery).
En resumen, la Ley de Riders ha sido convalidada por el Congreso pero, lejos de resolver los problemas en torno a la contratación de los riders y al uso de los algoritmos por las empresas, todo apunta a que alimentará la conflictividad y el debate político en el futuro.
